lunes, 10 de junio de 2013

El agua, bien común


El pasado viernes estuve en una jornada sobre las políticas públicas y la nueva cultura del agua dirigida a Grupos Municipales. Se pretendía conseguir que las personas que trabajamos desde los Ayuntamientos tomemos conciencia de la situación especialmente grave que estamos viviendo en Catalunya en general y en el Área Metropolitana en particular, respecto a la mercantilización de un derecho vital como es el agua, y la subida de tarifas que estamos sufriendo y que seguirán en el futuro.

Pedro Arrojo es Doctor en Ciencias físicas de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, premio Goldman de Medio Ambiente en 2003. En su apasionada ponencia definió el marco en el que nos movemos y expuso las bases teóricas de una nueva cultura del agua, una buena plataforma con vinculaciones sociales y ambientales. Según él, para que los seres humanos puedan vivir con dignidad son precisos entre 30 y 40 litros de agua por persona y día, lo que supone un 1% del total disponible. A este agua necesaria para vivir y alimentarse le llama "Agua Vida", y la considera un derecho humano de máxima prioridad y cuya escasez es un desastre humanitario inaceptable. Debería ser gratis.

En un segundo nivel estaría el "Agua ciudadanía", que es la que asegura los servicios básicos de agua y saneamiento a los hogares (la que se utiliza en los lavavajillas, lavadoras, lavabos, etc). No se puede considerar un derecho humano, sino un derecho como persona ciudadana, y lleva vinculado los correspondientes deberes. No debe ser el mercado el que decida cuales son estos derechos, no es su competencia, sino la ciudadanía a través de los instrumentos políticos de los que dispone.


El tercer nivel, el "Agua Economía", la que permite negociar con ella y producir riqueza, debe suministrarse una vez garantizados los suministros de vida e interés general.

Es necesario recuperar la propiedad pública del agua de interés general.  Si está privatizada es imposible evitar que se haga negocio con ella.

Después de esta primera charla en la que se nos hizo un planteamiento desde un punto de vista filosófico profundizando en los conceptos teóricos, las siguientes ponencias nos analizaron desde diferentes enfoques la realidad actual.


Eloi Badía, de Ingeniería sin fronteras y portavoz de la plataforma Aigua es vida, comenzó dando datos sobre la gestión del agua a nivel internacional. Pretendía demostrar que la creencia de que la gestión privada es hegemónica sobre la pública a nivel mundial es un bulo, muy al contrario, sólo es hegemónica en Catalunya. Si que es cierto que hay una serie de tendencias, a nivel internacional, que apuntan a favorecer la gestión privada. A nivel del estado español los niveles están en un 50-50, la parte privada está controlada por dos empresas, Agbar, que pertenece a la francesa Suez, y FCC, a través de Aqualia. En Catalunya la proporción es 80% privada, en su mayor parte Agbar, y 20% pública. Con estos datos se demuestra que  este modelo neoliberal que nos venden como más justo y que la libre competencia ajustará los precios de mercado, en realidad son monopolios y oligopolios que dan lugar a  un mercado cautivo.

Durante estos años ha habido una cierta dejadez  por parte de las administraciones públicas, tanto municipales como de la Generalitat y las hemos descapitalizado. En el fondo lo que se ha producido es un sabotaje democrático (las medidas tomadas no formaban parte de ningún programa electoral) y un expolio de la economía familiar (las tarifas son difícilmente justificables). Aunque no sea ideológica el agua es política, pero no tiene por qué ser partidista. El problema es que hoy en día el interés general está por debajo del interés particular de personas concretas.


A continuación, Janet Sanz nos explicó algunos puntos de las fases del ciclo del agua con el objetivo de clarificar el conflicto y concretar la responsabilidad de cada una de las administraciones. En primer lugar, el abastecimiento en alta, es decir, la parte del proceso en que se recoge el agua de los ríos y otras fuentes y  se conduce a las plantas de saneamiento y depuración. Es competencia exclusiva de la Generalitat. Actualmente este proceso lo desarrolla a través de Aigues Ter Llobregat (ATLL), empresa que hasta hace poco era pública y ahora está gestionada por Acciona.

Después viene el saneamiento en alta. El agua residual es tratada a través de las plantas de tratamiento y potabilización, de las depuradoras, etc. En el Área Metropolitana lo hace una empresa pública, EMSSA, pero en todo el territorio hay diferentes formas de gestión.

Por último, entramos en la gestión más municipal, la distribución y el saneamiento en baja, que son competencias municipales. En el caso de los municipios del Area Metropolitana la gestión está cedida a la AMB siguiendo la ley del 2010, aunque como es una realidad muy diversa, algunos municipios lo gestionan directamente a través de empresas públicas. El saneamiento, es decir, el alcantarillado, lo hace cada ayuntamiento utilizando sus empresas propias o adjudicando una concesión.

Acto seguido pasa a hablar de la problemática de la ATLL. Esta empresa se creó en el año 1990 para garantizar la gestión integrada de todas las infraestructuras e instalaciones de la red de captación en alta que había en Catalunya. Estaba financiada íntegramente con fondos públicos que aportaron la Generalitat y los Ayuntamientos.en un 50%. El pasado Noviembre 2012 el Gobierno de CIU decide privatizar la gestión del servicio del agua en alta durante 50 años a Acciona, sin preguntar a los Ayuntamientos co-propietarios de las infraestructuras ni, por supuesto, a la ciudadanía. La concesión se hace de manera ilegal y chapucera y ha habido varios recursos y contrarecursos por parte de la otra empresa aspirante y otros departamentos de la propia Generalitat. Además, antes de hacer la entrega, la Generalitat sube las tarifas una media de un 30% para hacer atractivo el negocio a la empresa privada, pero que a la vez ocasiona que muchas personas se queden sin acceso al agua.


El Área Metropolitana, que tiene cedida la gestión del agua en baja de la mayor parte de los Ayuntamientos, es la que fija las tarifas en esta zona. Y Agbar es la empresa que supuestamente tiene los derechos de abastecimiento y distribución a los domicilios, aunque estos derechos son muy dudosos. Y lo son porque una vez analizados todos los documentos históricos no hay ninguno que acredite que Agbar tiene un contrato para desarrollar ese servicio. Tiene contratos programas con los Ayuntamientos, pero no hay ningún documento concreto que acredite la concesión y nunca se ha celebrado un concurso público 

En el año 2010 hay una sentencia de un juez que cuestiona la titularidad con la operadora Agbar. Esta sentencia se hace ante una demanda de un vecino de Barcelona al que la empresa le reclamaba 6500 euros por diferentes recibos impagados a causa de una fuga de agua. La sentencia dice que el servicio por el que cobra la empresa es ilegal.

Para solucionar esta  situación ilegal CiU y PSC proponen la creación de una empresa mixta con 85% accionarial de Agbar y 15% de la AMB, a la que se le hace la adjudicación directa sin un proceso de libre concurrencia, contraviniendo todas las normativas. Debido a las numerosas irregularidades, y los recursos interpuestos, uno de elllos de la Generalitat por invasión de competencia, la creación de esta empresa ha quedado aplazada.

En estos momentos el Área Metropolitana no tiene contabilizadas las personas que no tienen acceso al agua, cuando es una obligación pública. Ha habido 70.000 cortes del servicio de agua, y afecta sobre todo a los barrios populares y a las personas que peor lo están pasando con la crisis económica, pero los ayuntamientos no disponen de esas listas para poder ayudar a esas personas.


La jornada siguió con las ponencias de Eloi Badia, que en su segunda intervención explicó todo el proceso de privatización de la ATLL, y de Sergi Alegre, teniente de alcalde de El Prat que nos detalló la gestión pública municipal del agua en el Ayuntamiento de El Prat. Después hubo un interesante debate, para finalizar con el diputado Salvador Milà, que hizo la clausura exponiendo las conclusiones.

en lo que toca a lo personal, me quedó una sensación agridulce. Por una parte, satisfacción absoluta por haber aprendido montones de cosas que desconocía, y por otra, tristeza y rabia por las situaciones de injusticia que se habían tratado.

Todas las ponencias están colgadas en Internet. Se pueden ver en la página de facebook de ICV on Ustream

1 comentario:

  1. Gracias compañera por toda la explicación. Me hubiera gustado ir pero me coincidía con la jornada de la LAPAD (Ley de la Dependència), así cada una escribe e informa a todo el mundo.

    ResponderEliminar